interviu.es|17-03-2008
El guardia que no multase lo tenía difícil: le iban a hacer “bailar el rock and roll en vez del chachachá”. Si los guardias no aumentaban el número de sanciones, habría “leña para todos”. Con esas palabras se dirigían un teniente coronel y un capitán a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Toledo y Talavera de la Reina, según relata el informe de una investigación interna del Ministerio del Interior ordenada el 28 de octubre de 2007 por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y a la que ha tenido acceso interviú. Graves irregularidades afloran en la gestión del servicio que presta la Guardia Civil de Tráfico en uno de los nudos de comunicaciones más importantes de España: presiones a los agentes, abusos de autoridad, almacenamiento de jamones y botellas de licor, falsificación de títulos de capacitación...

El asunto reviste tal gravedad que, tras una primera prospección en el sector de Tráfico de Toledo, el 26 de diciembre de 2007 el secretario de Estado Camacho acordó ampliar la inspección a la Jefatura de la Agrupación de Tráfico y a la Dirección General de la Guardia Civil, “a la vista de las presuntas implicaciones”. Entre los mandos investigados, el general jefe de la Agrupación de Tráfico, Rogelio Martínez Masegosa; el coronel jefe de Recursos Humanos de esta unidad, Joaquín Barreira; el teniente coronel jefe del Sector de Toledo, José Luis Romero; el capitán jefe del Subsector de Tráfico de Toledo, José María Gil, y el teniente psicólogo de esa demarcación, Fernando Carrasco; así como el comandante auditor José Quetglás y el asesor jurídico de la Dirección General de la Guardia Civil, Francisco Javier Mendoza.

El informe final de esta investigación indica, entre otras cosas, que “aparecen indicios evidentes” de que se han emitido certificados de capacitación de manejo de radar a los guardias civiles “faltando a la verdad y que no se corresponderían con la realidad”. Estos certificados de manejo de radar son necesarios y obligatorios para que los agentes puedan multar con validez por exceso de velocidad. No basta con que el radar esté homologado. La normativa establece que para operar con el radar, y en atención a su tecnología, es obligatorio que el personal de la Guardia Civil supere un curso de aprendizaje. Para ello, los jefes de sector tienen que organizar el curso, que debe ser impartido por personal con conocimientos suficientes. Tras el curso debe emitirse un certificado en el que conste su duración y la capacitación del agente para prestar el servicio. Según la investigación interna de Interior, en el Subsector de Toledo se han emitido certificados de cursos que no se corresponden con la realidad “ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto a la formación recibida”.

El informe final indica que “como quiera que no todos los que operaban con este aparato en el Sector de Tráfico de Toledo estaban en posesión del certificado que lo acreditaba, pues no todos habrían recibido el curso de formación, el teniente coronel jefe del mismo [Romero] emitió los certificados con apariencia de realizados en el año 2005, sin que se hubiera impartido curso de capacitación alguno, para que cuando fueran requeridos por los usuarios [los conductores], se incorporaran al expediente sancionador antes de su remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico”. Asegura el informe que “el personal del Equipo de Radar, al menos en el Destacamento de Talavera de la Reina (…) ha operado con este aparato, que además era de nueva tecnología, sin curso alguno de formación, pese a que el cabo 1º Sánchez, jefe del mismo, comunicara al jefe de subsector la necesidad de formación para su manejo”.

El de José Luis Sánchez es un nombre clave en este caso. Ha sido la denuncia que el 8 de junio de 2007 puso este cabo de la Guardia Civil, hoy de baja médica, la que ha dado pie a la investigación de Interior, y por la que se han podido conocer este y otros preocupantes hechos. Por ejemplo, las fotos de los radares: el informe hace constar que “ante la falta de capacitación (…) también del personal de laboratorio de revelado sito en el Subsector, los fotogramas de radar no se revelaban, con el consiguiente peligro de caducidad de los expedientes sancionadores tramitados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Toledo (…). No obstante lo anterior, varios de ellos fueron remitidos a este organismo sin los fotogramas correspondientes”.

El informe interno, instruido primero por personal de la Subdirección General de la Guardia Civil y después por la Subdirección de Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Interior, apunta a uno de los más altos jefes del instituto armado: “Pese a que este asunto fue denunciado de distintas formas, el General Jefe de la Agrupación [Rogelio Martínez Masegosa], lejos de investigar los hechos de manera eficaz, habría colaborado a ocultar la verdad”. Además existen indicios de que la jefatura de la Agrupación de Tráfico podría haber ocultado un documento esencial al director General de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida.

La gravedad del informe no queda tampoco aquí. Durante la investigación se han observado también indicios de haberse extendido en 2006 certificados de capacitación de manejo de defensas extensibles (porras, etcétera), exigidos por el Reglamento de Armas, que no se corresponden con la realidad “pues al parecer sólo se impartió una clase teórica y dos prácticas”.

Más multas
Importantes conclusiones de esta investigación se refieren a la presión a la que los mandos sometían a los guardias para conseguir el mayor número posible de multas de tráfico. Se puede leer en el informe que “el teniente coronel, jefe del Sector de Tráfico, en lo que sería una pauta de actuación, presuntamente, habría inferido públicamente [sic] amenazando al personal del destacamento en la reunión que mantuvo el día 22 de noviembre de 2006, en la que, al parecer, habría transmitido la idea de que si no se dejaba de dar cuenta de los mandos por presuntas irregularidades cometidas, o según su argot «si no se dejaba de tirar agua al patio», y si no se señalaba «al tío que se iba meando por los rincones», así como si no se formulaban más denuncias, «llevar entre todos el tronco», se iba a empezar a sancionar hechos que hasta ese momento no se corregían, esto es, según su lenguaje, a «bailar rock & roll, en vez de chachachá»”. Recoge también el informe que el capitán del subsector, en una reunión con los agentes en la primavera de 2005 les dijo que si no aumentaba el número de denuncias “iba a haber leña para todos”.

En la investigación se ha podido constatar que en Talavera las denuncias aumentaron repentina y significativamente en septiembre de 2005. De 265 se pasó a 1.176 denuncias. En el primer trimestre de 2006 aumentó el número de denuncias respecto a 2005 un 457 por ciento (de 626 a 3.487). También hubo aumento en otros destacamentos de Toledo.

Hay un episodio curioso que el informe relata lacónicamente: el equipo instructor constató que el archivo de la unidad de Tráfico del destacamento de Talavera de la Reina guardaba documentación junto a “botellas de whisky, jamones y aparatos y material de lo más diverso”, y “sin orden alguno”. El informe no explica su origen. En el entorno del cabo Sánchez explican que son “regalos a la unidad que aportan empresas en fechas significativas”.

Por abusos
El cabo primero José Luis Sánchez prendió este incendio al denunciar los abusos a los que presuntamente estaba siendo sometido en el proceso de Renovación de la Especialidad de Tráfico. Hay que tener en cuenta que la perdida de la especialidad lleva aparejada la pérdida de destino en Tráfico, uno de los más preciados en el instituto armado. Todo indica que someterse a ese proceso de renovación era un método sancionador e intimidatorio de los mandos para los agentes díscolos o no productivos en el número de multas.

En julio de 2007, un mes después de denunciar el caso, el cabo Sánchez ampliaba su denuncia aportando más documentación y apuntando ya a la cabeza de los mandos de Tráfico “por su desprecio total al órgano judicial y a todas las instituciones que tienen conocimiento de este proceso”. Los inspectores comenzaron su labor investigadora y pidieron al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, “una Inspección Accidental respecto de los hechos” porque “se continúan observando lagunas que además adolecen de la verosimilitud requerida, no aportando (...) la suficiente justificación respecto a las anomalías observadas”.

Con el visto bueno de Camacho, del 10 al 15 de diciembre de 2007 el equipo inspector del Ministerio de Interior visitó el destacamento de Tráfico de Talavera y el Sector de Tráfico de Toledo, donde mantuvieron entrevistas con agentes y mandos. Otro cabo primero del destacamento, Juan Francisco Villa, también aportó denuncias contra sus mandos. Entre el 8 y el 12 de enero pasados, obtuvieron nueva documentación en la Jefatura de Recursos Humanos de la Agrupación de Tráfico y en la dirección general de la Guardia Civil. El 31 de enero, el equipo inspector fue de nuevo a Talavera a recabar los certificados presuntamente falsos sobre porras extensibles. Y una semana después viajó a Toledo en busca de certificados falsos de manejo de radares.

Preguntados por interviú, portavoces de la Dirección General de la Guardia Civil responden: “No hay nada que comentar. Se acatará lo que salga de esa inspección”. Paralelamente a la investigación de Interior, el cabo Sánchez también denunció los hechos ante el Defensor del Pueblo y ante el Juzgado Togado Territorial Militar 11 de Madrid, que abrió las diligencias previas 11/71/06 por presunto abuso de autoridad contra el general de la Agrupación de Tráfico, el coronel de Recursos Humanos, el teniente coronel del Sector de Toledo y el capitán del Subsector de Toledo. Según la investigación, el general Rogelio Martínez Masegosa no facilitó datos al juez: “Se ha observado que la intención de esta Jefatura hasta el otoño de 2007, sería la de no cumplir el mandato judicial”.

Los inspectores del Ministerio del Interior indican ahora en sus conclusiones que se debe “dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial de las dilaciones presuntamente indebidas en el procedimiento penal militar instruido por el juzgado togado militar nº. 11 de Madrid”. En sus conclusiones los inspectores dicen que se debe informar al ministerio fiscal del presunto abuso de autoridad de los mandos de la Guardia Civil citados, “pues, al parecer, entre todos ellos, en actuaciones varias y reiteradas, y sirviendo de manera coordinada al mismo fin, con conciencia de ser contrario a derecho, habrían consumado de forma torticera la injusticia”. También piden que “se dé cuenta al Juzgado de Toledo que por turno corresponda de los comportamientos presuntamente delictivos del teniente coronel y el capitán a la vista de las presuntas irregularidades detectadas en la confección de los certificados de radar”.

Por último, se indica que “se estaría utilizando de forma desviada y abusiva en el ámbito de la Agrupación de Tráfico lo dispuesto en la Orden Ministerial INT 574/2003, sobre la renovación extraordinaria de la Especialidad, al responder, no a un criterio de mejor cumplimiento del servicio y salvaguardia de la salud y seguridad de los agentes, sino a otro espurio de solucionar problemas y conflictos nada acorde con la norma”. Pese a que este contundente informe está ya concluido, será probablemente al nuevo ministro del Interior al que le toque resolver este asunto.