lavozdetalavera.com|Alberto León| 06-05-2008
El Cuartel de la Guardia Civil de Talavera sigue siendo motivo de actualidad y polémica. Si este semanario ya se hizo eco en anteriores ediciones del malestar entre los guardias asignados a Tráfico por la presunta emisión de certificados falsos para uso del radar, ahora son las mujeres que viven en el cuartel las que han decidido hacer pública su preocupación por una serie de hechos que, en su opinión, ponen en peligro la seguridad de sus familias y la convivencia en el acuartelamiento.

Una serie de medidas adoptadas tras la llegada a Talavera del capitán Juan Carlos Pérez Rey, tres años atrás, han motivado la protesta de estas mujeres, que han remitido escritos dando a conocer su preocupación al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, así como al teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo y al general jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha; escritos que han sido respaldados con las firmas de catorce de las diecisiete mujeres que en la actualidad viven en el cuartel.

El hecho que más preocupa a estas familias es la instalación de dos puertas: una que separa las viviendas particulares de las dependencias y otra que permite acceder de manera directa a las viviendas desde la vía pública, en concreto desde la calle Alférez Rojas; puertas para las que, además, el capitán dictó unas normas de utilización que no han sido del agrado de estas familias.

Hay que recordar que, hasta la fecha, las familias que residen en los pabellones entraban y salían a través de la puerta principal del acuartelamiento, mientras que en la actualidad ese acceso se realiza por la nueva puerta de Alférez Rojas.

Según han asegurado las mujeres afectadas a LA VOZ de Talavera, el uso de estas puertas entró en vigor el pasado día 1 de noviembre y les crea importantes trastornos cotidianos, además de una gran inquietud acerca de su seguridad, ya que dichas puertas están cerradas con llave y no cuentan con manillas interiores. “Tenemos niños de corta edad y estas puertas no tienen manillas, se abren exclusivamente con llave; ¿qué pasaría en el caso de una emergencia, una explosión, un escape de gas o una urgencia médica”, se preguntan en voz alta las afectadas.

En el escrito remitido al general de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, José Fernández Ortega, las mujeres de los guardias civiles afirman que “no se ha tenido en cuenta que pueda ocurrir un hecho grave en la zona de las viviendas y estamos metidos en ‘jaulas’, por no decir que nos encontramos en una verdadera cárcel. ¿Tiene que ocurrir alguna desgracia para darnos cuenta de las cosas? Todos tenemos presente el último atentado de la Casa-Cuartel de Calahorra, por lo que nos preguntamos si nos tiene que pasar a nosotros para que alguien nos escuche”.

A esto se une la nueva orden que obliga al guardia de puerta a alternar una hora en el cuarto que controla los monitores de las cámaras de seguridad y otra en el exterior, lo que deja las citadas cámaras de vigilancia fuera de su control durante mucho tiempo. “Cualquier persona ajena puede entrar por esa nueva puerta abierta, acceder a las viviendas, dejar un paquete o mochila, aprovechando que al guardia encargado le han ordenado estar durante una hora fuera de su lugar habitual de control”, afirman las familias en el citado escrito.

Además de la seguridad, la obligación de utilizar la puerta lateral del cuartel para entrar y salir a sus viviendas crea una serie de contratiempos cotidianos importantes, ya que “las puertas carecen de portero que comunique con las viviendas, por lo que en caso de recibir visita aquéllas deben ser abiertas personalmente por el familiar que la reciba, que tiene que dejar su domicilio para abrir la puerta con llave y luego cerrarla”. Y es que, según la normativa interna emitida el pasado 1 de noviembre en el acuartelamiento, las visitas deben dirigirse al guardia de puerta que, a su vez, avisará al interesado por el telefonillo interior para, posteriormente, indicar a la visita que se dirija a la nueva puerta lateral, con lo que debe salir de nuevo a la calle y rodear parte del edificio. Las familias de los guardias civiles consideran que son molestias innecesarias y que, además, les están incluso aislando socialmente “porque ya hay amigos y familiares que no vienen a vernos por no tener que seguir todo ese trámite”, señala a este semanario una de las afectadas.

Además, el capitán ha prohibido la entrada en el patio del cuartel de los vehículos particulares de guardias y familiares y la carga y descarga la deben realizar desde el pasado mes de noviembre a través de la puerta de la calle Alférez Rojas, un lugar en el que, además, existe una línea amarilla que prohíbe la parada de vehículos por lo que se da la circunstancia de que, en el simple hecho de bajar la compra del coche, las mujeres y los propios guardias estarían cometiendo una infracción.

En el escrito remitido al general de Castilla-La Mancha, las afectadas se consideran “discriminadas, ya que hay personas que pueden acceder al interior del patio al disponer de plaza de estacionamiento autorizada por el capitán jefe del acuartelamiento y éstos sí pueden realizar la operación de carga o descarga hasta su domicilio”.

A todo esto se une la sospecha de que las obras del cuartel se han realizado sin licencia municipal y que no se ajustan a la normativa vigente. Por esta razón, las mujeres de los guardias civiles han puesto la situación en conocimiento del alcalde de Talavera, José Francisco Rivas, y han enviado una carta a Urbanismo solicitando información acerca de esas obras, aunque hasta la fecha no han recibido respuesta.

Otro aspecto que no ha gustado a las familias instaladas en el cuartel es la decisión de cambiar la instalación de calefacción de gasoil por otra de gas natural, lo que ha obligado a cada usuario a abonar la cantidad de 187 euros sin que pudieran decidir si hacían o no las obras.

Todo ello, teniendo en cuenta que se están realizando reformas -en los últimos años se han invertido casi 100.000 euros- en un cuartel que tiene fecha de caducidad, ya que el Ayuntamiento ha anunciado que permutará estas instalaciones por nuevos terrenos, con el fin de instalar un complejo hostelero de alto nivel en el solar que ahora ocupa la Benemérita en la Avenida de Pío XII.

A estas decisiones del capitán del acuartelamiento de Talavera se unen otras que han molestado de manera especial a las esposas de los guardias civiles, como la supresión de los bancos y papeleras del patio del cuartel, lugar donde las familias solían hacer vida social; o la prohibición de utilizar el salón de actos para celebrar los cumpleaños de los niños y comidas de compañeros; o, finalmente, la retirada de la consulta que, desde hacía 30 años, pasaban dos médicos a los guardias y sus familias.

Las mujeres aseguran que no se van a callar y que, aunque sus maridos viven bajo un régimen militar, no es su caso ni el de sus hijos, por lo que están dispuestas a seguir adelante con su protesta.

Esperan una respuesta de la Delegación del Gobierno
Las mujeres de los guardias civiles afectadas por la situación quese vive en el cuartel de Talavera han puesto su caso en conocimiento del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano -en la imagen- que de momento no ha respondido a su escrito aunque, según les han comunicado desde su gabinete, pronto se atenderá esta solicitud. Quien desconoce por completo la situación era el subdelegado del Gobierno en Toledo, Javier Corrochano; así lo aseguró a este semanario cuando le fue requerida su opinión acerca de los hechos.

Sí ha respondido a su requerimiento el general jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, José Fernández Ortega, quien ha señalado a las esposas que “los hechos expuestos no guardan relación alguna con los servicios, actos y funciones que para el cumplimiento de la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana tiene la Guardia Civil”.

Por su parte, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Toledo, Federico Gómez de Salazar Manso, recuerda que la utilización de los pabellones conlleva el acatamiento “de las normas de seguridad y régimen interior del mismo” y que un bloque de pabellones oficiales no es una comunidad de propietarios. El teniente coronel explica en el escrito a las afectadas que la retirada de bancos se debe “al interés de reservar esa parte para uso oficial” y adelanta que pronto les instalarán un portero automático.

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